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Cambio Total.
La discusión que ha generado el Proyecto de Fuero Militar presentado
por el gobierno a consideración del Congreso era esperada. Los colombianos desde
siempre hemos condenado los privilegios otorgados a las fuerzas militares, los
cuales van desde mejores salarios y bonificaciones –a esos nunca les quitaron
las ”horas extra”-, jubilación con la mitad del tiempo exigido a otros
trabajadores, hasta la impunidad ante sus crímenes.
Crímenes que son no solamente en ”cumplimiento” del servicio
o de la estructura militar (insubordinación, desobediencia, deserción, abandono
de puestos, ect), sino los crímenes cometidos en aplicación del Terrorismo de
Estado de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que contempla el tratamiento
de ”enemigo interno” a cualquier colombiano que se manifieste por mejores
condiciones de vida.
Ese Terrorismo de Estado ha producido –mal contados-, más de
966.000 víctimas mortales y más de 6,5 millones de desplazados forzados,
interna y externamente, a lso cuales los despojan de sus tierras (más de 7,6
millones de hectáreas, más de una hectárea por cada desplazado) y su
acumulación en manos de ”empresarios del campo”, terratenientes y ganaderos.
En momentos en que se adelantan las Conversaciones de la
Mesa de La Habana, el fenómeno del desplazamiento (100%) y las otras violaciones de derechos humanos
-83% de ejecuciones extrajudiciales y masacres, 97,7% despariciones forzadas y
100% de torturas –responsabilidad estatal- sigue su curso impertérrito.
Si esto es así con el actual ”Fuero Militar” –impune base de
todas las violaciones-, no quisiéramos imaginarnos cómo sería de aprobarse el
Proyecto que cursa en el Parlamento colombiano.
Si la impunidad de las fuerzas militares-narcoparamilitares es del 93%
con el actual ”Fuero Militar”, estas llegarán a 100% con el nuevo ”Fuero
Militar”.
El presidente Juan M. Santos calificó al nuevo Congreso como
el ”Congreso para la Paz”, mas sus actos de gobierno demuestran que lo que
necesita realmente es un ”Congreso para la guerra y la impunidad”. No de otra
manera se entiende que en contravía de lo que se pretende en la Mesa de La
Habana –civilizar las costumbres políticas, económicas, sociales, culturales-,
se presente este Proyecto de ”Fero Militar”. Éste desdice en los hechos las palabras
presidenciales.
Aquí les presentamos un Especial de Cambio Total sobre este nefasto instrumento de impunidad militar.
24 feb 2013
Entre los ”enemigos de la Paz” es imprescindible señalar como la más aberrante talanquera la posición del militarismo militar quien se opone a toda salida política al conflicto interno.
Los militares, los que tienen las armas, deciden sobre toda la vida del país. Y no de ahora, sino de toda la vida. Quién no recuerda el poder de Rojas Pinilla? Y de dónde venía ese poder? Naturalmente del estamento militar. Quién no recuerda que durante su gobierno hasta los caballos y mulos tenían que llevar una mochila en la cola para recoger la mierda porque, hay que decirlo, a los pobres animales si no se les puede educar en esos menesteres.
Y el ”poder civil”, los mandatarios de gobernaciones y alcaldías, van encogidos y modositos a los ”Consejos de Seguridad” con los comandantes de Policía y Militares. Y quién no recuerda que el generalato colombiano hace ”sonar los sables” cada vez que una decisión del poder civil los afecta?
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Se cayó la reforma santista al ”Fuero Militar”. Se cayó por vicios en la aprobación y no por las denuncias de las ONG que plantearon que el espíritu de la reforma era hacer más ostensible la impunidad de militares y policías ante las graves violaciones de derechos humanos por ellos cometidas.
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La sola nómina de los militares retirados de las Fuerzas Armadas equivale a un poco más de 113.000 millones de pesos mensuales, según datos del Ministerio de Defensa.
Foto: Colprensa
Además de la guerra contra las guerrillas y los grupos criminales, las Fuerzas Armadas enfrentan otra batalla, una que se libra al interior de sus filas y que hoy las tienen en la mira de todo el país: el combate a esa red de corrupción que está sacando ‘tajadas’ millonarias de los numerosos contratos que suscribe.
El pasado domingo, cuando la revista Semana reveló decenas de audios de conversaciones entre el coronel Róbinson González del Río -investigado por ‘falsos positivos’- con otros oficiales y suboficiales, quedó en evidencia cómo algunos militares están lucrándose del presupuesto más jugoso del Estado.
Y es que, según un informe revelado a mediados del año pasado por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa es la entidad que recibe la mayor tajada del presupuesto Nacional. Para este 2014, por ejemplo, cuenta con $27,8 billones. Una cifra que hoy estaría en riesgo debido a manejos inescrupulosos.
Se estima que el 80 % de este presupuesto se gasta en los salarios y el mantenimiento de todas las fuerzas; el restante es para inversión, del cual unos $2 billones se destina a la contratación, pero este monto varia de acuerdo a las necesidades de cada arma.
Pese a que desde hace varios años se ha propuesto que el Ministerio tome las riendas de todos los contratos que realizan el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, la iniciativa se ha quedado en meros anuncios debido a que diferentes sectores alegan que “los afanes de la guerra” no permitirían una centralización de las adquisiciones.
Con este nuevo escándalo, sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que se centralizarán, por ahora, los contratos del sector de la aviación, que recibe uno de los montos más altos: una sola línea de aviones de diferentes características técnicas puede costar entre 8 y 100 millones de dólares. Aunque la medida ha sido calificada por expertos en seguridad como “un paño de agua tibia” para una problemática que debe ser atacada con medidas de fondo.
Pero, ¿cómo funciona hoy la contratación dentro de las Fuerzas Armadas? Aunque algunos negocios son manejados directamente por el Ministerio, como la compra de armamentos, seguros y algunos uniformes de intendencia; otros servicios están a cargo de cada unidad.
Los contratos a los que se destina la mayor cantidad de recursos tienen que ver con la infraestructura para permitir el funcionamiento de las Fuerzas Militares, como el suministro de combustibles, los servicios de transporte, los seguros para los bienes y las dotaciones de prendas y calzado.
Según el balance de la Contraloría, el 42 % del total de los contratos realizados durante el 2012 estuvo concentrado en 60 empresas que proveen este tipo de servicios. Entre ellas hay algunas reconocidas como Terpel, Energizar S.A., Mapfre, Fabricato y Suzuki.
“Claramente estas compañías son un gran respaldo para el funcionamiento del Estado, porque este no tiene la capacidad de producir sus propias cosas. El Estado es contratante porque su negocio no es producir”, explicó Gonzalo Palau, profesor de economía de la Universidad del Rosario. Sin embargo, otros analistas consideran que esa concentración genera riesgos para la economía del estamento castrense.
Lo cierto es que el de los combustibles es el sector que lidera los contratos con las Fuerzas Militares. De acuerdo con los reportes de las entidades adscritas a la cartera de Defensa, solo la Fuerza Aérea gasta cada mes unos $80.000 millones para cubrir este rubro. Por ejemplo, en enero del 2012 se contrataron $75.727 millones con tres empresas diferentes: World Fuel Services Company, Terpel y Energizar S.A. Asimismo, el Ejército y la Policía sostienen millonarios contratos con Combustibles y Transportes Hernández S.A., cuyos negocios más grandes sumaron entre el 2012 y el 2013 el valor de $32.629 millones.
Después de este, el otro gasto que requiere una gran asignación de recursos es el de los seguros y las pólizas para los miembros de las FF. MM., así como sus propiedades --edificios, vehículos, aviones, helicópteros--. Para este rubro, el Ministerio de Defensa destina entre $80 mil y $150 mil millones mensuales.
En ese sector se destaca como uno de los mayores contratistas el grupo español Mapfre, que ha ganado procesos de contratación a través de uniones temporales con Colseguros y Allianz, cuyos montos en los últimos dos años llegaron a $26.762 millones en la Fuerza Aérea y el Ejército.
Además de estas compañías, en otros sectores como el de confecciones y calzado se destacan firmas como Permoda (fabricantes de Armi, Pronto y B-Kul), Fabricato, Manufacturas Eliot, Pat Primo) y algunas uniones temporales que le proveen gorras y elementos de gala a la Policía.
Por el lado de los vehículos, hay proveedores como Renault Sofasa, que le vendió en julio del 2012 automóviles y SUV a la Policía por $12.507 millones; Automayor S.A., que tiene contratos con el Ejército y la Policía por $5.155 millones, y Suzuki, con motos de alto cilindraje por $10.255 millones entre el 2012 y el 2013.
Aunque muchos de estos contratos se han realizado sin inconvenientes, existen otros en los que algunos sectores de Defensa habrían incurrido en irregularidades.
De hecho, la Procuraduría General de la Nación realiza más de 40 investigaciones por supuestas inconsistencias en la contratación del Ejército Nacional, que están en etapa preliminar y formal.
Una de estas relacionada con una queja disciplinaria que radicó la Red de Veedurías Ciudadanas por una presunta adquisición irregular de gafas anti fragmentación por $5.666 millones.
En efecto, a través del contrato 1073 del 2012 suscrito por el Ejército Nacional, se adquirieron 59.652 de ese tipo de gafas (a $95.000 cada una) que, al parecer, tenían irregularidades en cuanto a sus especificaciones técnicas.
Dato clave
Tipos de contratación en las Fuerzas Armadas
¿Que directriz rige la contratación de las FF. MM. y el Ministerio de Defensa?
Hay varias leyes encargadas de este tema en el Ministerio, una de esas es la Ley 80 de 1993, en la que se estipula la contratación pública al igual que lo hace la Ley 150. Y en las Fuerzas Militares funciona el decreto 150 del 2013, que define qué bienes deben ser obtenidos por medio de la contratación pública.
¿De qué depende que unos objetos sean obtenidos por licitaciones públicas y otros en contratación directa?
De mucho factores, porque aunque las licitaciones públicas pueden ser más transparentes, sería más útil y necesario hacerlas en objetos complejos y no en aquellos que sean de fácil catalogación. Asimismo, se debe estudiar si esas compras pueden afectar la seguridad y la defensa. Un ejemplo: al construir una base militar, la transparencia la puede asegurar una licitación pública, pero eso afectaría la seguridad de las tropas.
¿Qué otro tipo de contratación hacen las Fuerzas Militares?
Existen también los convenios de méritos que pasan por una consultoría, que funcionan para la compra de seguros; los convenios interadministrativos, que se hacen entre dos empresas del Estado, por ejemplo la compra de fusiles que se realiza a Indumil; los convenios de gobierno a gobierno, que involucran países y empresas de otras naciones con Colombia, y la contratación directa, que es vigilada por la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.
Hay varias leyes encargadas de este tema en el Ministerio, una de esas es la Ley 80 de 1993, en la que se estipula la contratación pública al igual que lo hace la Ley 150. Y en las Fuerzas Militares funciona el decreto 150 del 2013, que define qué bienes deben ser obtenidos por medio de la contratación pública.
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